En un pronunciamiento conjunto, los colegios médicos de Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca y Bogotá expresaron su preocupación por los posibles efectos del Decreto 0182 de 2026, con el que el Gobierno nacional reorganiza la operación de 20 EPS en los 1.102 municipios del país.

Según los gremios, la medida del Ministerio de Salud define en qué territorios podrán continuar operando las aseguradoras y en cuáles no, lo que activará el traslado de pacientes en varios departamentos.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, Nueva EPS —que actualmente se encuentra intervenida— entraría a operar en 427 municipios, convirtiéndose en la principal receptora de afiliados dentro del proceso de reorganización del sistema.

Los colegios médicos señalaron que, aunque la concentración de afiliados por territorio podría mejorar la eficiencia del sistema, su implementación en medio de la actual crisis del sector salud podría generar efectos contrarios.

“Alertamos que esta reorganización en medio de la actual crisis del sistema de salud puede agravar el acceso, la continuidad y la integralidad en la atención de miles de pacientes en el territorio nacional”, indicaron en el comunicado.

Según los gremios, Nueva EPS podría recibir entre 2,6 y 3 millones de nuevos usuarios en cerca de 520 municipios, lo que llevaría su base total de afiliados a alrededor de 14 millones de personas.

Los médicos también advirtieron que la entidad, bajo manejo del Gobierno nacional desde abril de 2024, ha mostrado un deterioro en indicadores de calidad y financieros, situación que, aseguran, se refleja en el aumento de quejas, peticiones, reclamos y acciones de tutela reportadas en diferentes instancias nacionales.

Además, recordaron que varias clínicas y hospitales han suspendido servicios para afiliados de esta EPS debido a deudas acumuladas, un problema que también afecta a operadores y casas farmacéuticas. Según los gremios, esta situación ha provocado que miles de pacientes enfrenten dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó recientemente que el decreto no busca afectar a los usuarios ni restringir sus derechos, sino corregir fallas estructurales del sistema de salud.

“Es falso que el decreto tenga como propósito trasladar masivamente afiliados de manera arbitraria. La norma establece mecanismos técnicos de asignación únicamente cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación en un territorio”, señaló la cartera de Salud en un comunicado.