Los bancos, compañías de financiamiento y demás entidades financieras deberán diseñar e implementar programas masivos de refinanciación de créditos para los damnificados por las fuertes lluvias en el norte del país antes de que finalice mayo. Así lo establece un proyecto de regulación presentado por la Superintendencia Financiera.

La iniciativa se desarrolla en paralelo a las negociaciones que adelantan representantes del sector bancario con funcionarios del Gobierno nacional. En estas conversaciones se ha planteado un paquete de alivios para los deudores actuales, así como la posibilidad de otorgar cerca de 270 mil nuevos créditos con el objetivo de reactivar la economía en las regiones afectadas por el mal clima.

Según cifras oficiales, el denominado “frente frío” ha dejado al menos 78 mil familias afectadas solo en el departamento de Córdoba. Además, más de 230 mil hectáreas de cultivos y pasto para ganado han resultado afectadas o permanecen bajo el agua.

De acuerdo con el proyecto, las entidades financieras deberán identificar cuáles de sus clientes se han visto impactados económicamente por la emergencia y en qué productos financieros específicos, para posteriormente aplicar los programas de refinanciación correspondientes.

Entre las medidas que podrán ofrecer los bancos se incluyen periodos de gracia para los pagos. Asimismo, el nuevo plazo de los créditos refinanciados no podrá superar el doble del plazo actual ni exceder los 20 años. Las tasas de interés y demás condiciones tampoco podrán ser más costosas para los usuarios que las que tienen actualmente.

“La Superintendencia Financiera de Colombia considera necesario impartir instrucciones de carácter transitorio para que las entidades vigiladas adopten medidas, bajo criterios objetivos y prudenciales, que contribuyan a aliviar la situación financiera de los consumidores financieros afectados”, señaló la entidad en un documento oficial.

Las medidas, según la Superintendencia, son de carácter excepcional y no modifican los demás parámetros destinados a garantizar la estabilidad financiera ni la solvencia de las entidades del sistema.