Un creciente malestar se vive entre propietarios rurales, quienes denuncian incrementos desproporcionados en los avalúos catastrales de sus predios, situación que estaría impactando gravemente su economía.

Según testimonios conocidos, fincas que hace algunos años tenían un valor cercano a los 40 millones de pesos, hoy aparecen registradas hasta en 800 millones, sin que esto represente una mejora real en las condiciones de vida de sus dueños. “No tenemos ni para comer, pero en el papel somos ricos”, aseguran afectados, cuestionando la carga tributaria que se deriva de estos nuevos avalúos.

Los denunciantes señalan directamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad encargada de la actualización catastral, afirmando que se han presentado incrementos abruptos: predios que pasaron de 300 a 900 millones, de 400 a 1.500 millones e incluso hasta los 3.700 millones de pesos.

“Hay un dedo en el IGAC que nos está afectando”, expresan con preocupación, sugiriendo posibles irregularidades en los procesos de valoración.

Además del impacto inmediato en el impuesto predial, los ciudadanos advierten un efecto en cadena que podría agravar aún más su situación: mayor presión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incrementos en costos notariales y la necesidad de recurrir a procesos legales para impugnar los avalúos, lo que implicaría gastos adicionales en abogados.

Para los afectados, esta situación apenas sería “la punta del iceberg”, alertando sobre un panorama en el que distintos actores podrían beneficiarse económicamente, mientras los propietarios enfrentan una carga cada vez más difícil de sostener.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades para revisar estos procesos, garantizar transparencia en la actualización catastral y evitar que miles de familias terminen asfixiadas por impuestos que no corresponden a su realidad económica.