La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que marca un precedente nacional frente a las restricciones impuestas por algunos conjuntos residenciales al ingreso de taxis a sus parqueaderos y zonas internas.

La decisión se produjo luego de estudiar una acción de tutela presentada por un taxista que denunció haber sido discriminado por una administración residencial que le impedía entrar al conjunto para recoger pasajeros.

En el fallo, el alto tribunal dejó claro que las administraciones de propiedad horizontal sí pueden adoptar medidas de seguridad y control, pero esas normas no pueden convertirse en prohibiciones absolutas o discriminatorias contra quienes ejercen legalmente el servicio público de transporte.

La Corte determinó que, desde ahora, los conjuntos residenciales no podrán negar el ingreso de taxis de manera general, obligar a todos los pasajeros a desplazarse hasta porterías externas ni imponer restricciones que desconozcan situaciones especiales de movilidad.

Según explicó el tribunal, este tipo de medidas puede generar barreras desproporcionadas para ciertos sectores de la población, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, menores de edad y ciudadanos con enfermedades o movilidad reducida.

“El acceso al transporte no puede verse limitado por decisiones arbitrarias que afecten derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y la libre movilidad”, señaló la Corte en su análisis.

Sin embargo, la decisión también aclaró que los conjuntos residenciales sí conservan facultades para aplicar protocolos de seguridad, entre ellas verificar la identidad de los conductores, registrar ingresos y salidas, controlar tiempos de permanencia y adoptar medidas razonables para proteger a los residentes.

El fallo ha generado reacciones en distintos sectores del país y podría obligar a muchas administraciones de propiedad horizontal a modificar sus reglamentos internos frente al acceso de taxis y plataformas de transporte a unidades residenciales.