La Asociación Andina denunció este lunes serias inconsistencias en la estructura de costos del transporte público presentada por el Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué y la Secretaría de Movilidad, las cuales —según la organización— estarían siendo utilizadas para justificar un aumento de hasta 400 pesos en el pasaje urbano.

Durante una revisión técnica realizada este 19 de enero, la Asociación Andina identificó que en la canasta de costos se contempla el cambio anual de 10 llantas por buseta, pese a que estos vehículos cuentan únicamente con 6 llantas, lo que genera un sobrecosto injustificado.

Además, señalaron que el valor de las llantas utilizadas en el cálculo no corresponde a la realidad del mercado. Según la revisión, las llantas tipo 235/17.5, utilizadas por las busetas de la ciudad, tienen precios que oscilan entre 500.000 y 900.000 pesos. Incluso tomando el valor más alto, se evidencia un sobrecosto cercano al 50% en el cálculo oficial.

A esto se suma que dichas llantas tienen una vida útil aproximada de 100.000 kilómetros, lo que representa cerca de año y medio de uso, y no un año como se establece en la tabla de costos.

Otra de las falencias señaladas es la inclusión de un rubro de 14 millones de pesos anuales por reparación de motor, como si este se interviniera cada año. Desde la Asociación Andina explicaron que un motor está diseñado para recorrer cerca de un millón de kilómetros, y en las condiciones de operación de Ibagué, alrededor de 600.000 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a 10 años de uso, no a uno.

“Aquí vemos claramente que están engañando con esta estructura de costos para justificar un aumento en el pasaje”, señalaron desde la organización, advirtiendo que también se estarían cargando sobrecostos en mantenimientos preventivos, filtros, aceites y otros insumos que no corresponden a la realidad operativa.

La Asociación Andina hizo un llamado a las autoridades municipales para que revisen con rigor técnico y transparencia la estructura de costos del transporte público, y evitar que decisiones basadas en cifras infladas terminen afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos.