El Gobierno Nacional, en articulación con varias entidades del Estado, activó oficialmente la Comisión de Seguimiento de los Delitos Electorales, una instancia estratégica y multisectorial cuyo objetivo es coordinar acciones de prevención, control y respuesta frente a riesgos e irregularidades durante los próximos comicios electorales.

La activación de esta comisión se da en el marco de las elecciones al Congreso de la República previstas para el 8 de marzo de 2026 y las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con miras a garantizar un proceso transparente, libre de violencia e impedimentos que pongan en riesgo la participación ciudadana y la confianza en las urnas.

La Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales ha establecido una agenda conjunta y pautas de trabajo con enfoque preventivo, entre las que se destacan:

• Coordinación interinstitucional para monitorear posibles delitos electorales y adelantar acciones preventivas entre autoridades competentes.

• Intercambio de información y análisis de riesgos relacionados con violencia política, desinformación, fraude, amenazas y otros delitos que puedan afectar la normalidad del proceso.

• Relación con mecanismos de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer la transparencia y la vigilancia independiente.

• Promoción de mecanismos como la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que permite la recepción y seguimiento a las denuncias e irregularidades reportadas por la ciudadanía y las organizaciones políticas.

Esta instancia no solo busca anticiparse a riesgos concretos, sino también reforzar la confianza ciudadana y garantizar que todas las fases del proceso electoral —desde la inscripción de candidaturas hasta el escrutinio— se desarrollen con respeto a la legalidad y a los principios democráticos.

La comisión reúne a autoridades del nivel nacional, como el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades relevantes. Además, se alinea con las recomendaciones de organismos de observación electoral como la Misión de Observación Electoral (MOE) para fortalecer la vigilancia y la integridad de las elecciones.

Colombia se prepara para una de las contiendas electorales más importantes de los últimos años, con un ambiente político dinámico y tensiones que requieren una atención especial en materia de seguridad y legalidad electoral. Tanto el Estado como la sociedad civil han puesto sobre la mesa preocupaciones sobre violencia contra líderes políticos, desinformación y riesgos logísticos, que pueden influir en la percepción de legitimidad del proceso democrático.

La operación de esta comisión se convierte en un elemento clave para anticipar y mitigar amenazas que van desde la comisión de delitos electorales hasta la manipulación de resultados o actividades que puedan distorsionar la voluntad popular, fortaleciendo así la confianza de las y los ciudadanos en su derecho al voto.