Una decisión judicial en el marco de una acción popular determinó la responsabilidad de varias entidades, entre ellas la Alcaldía de Ibagué, la autoridad ambiental regional y la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL, por la afectación al ambiente y a los derechos colectivos en sectores cercanos a la quebrada Doima, afluente del río Opia.

El proceso se originó a partir de la demanda interpuesta por un ciudadano, quien denunció el vertimiento continuo de aguas residuales en zonas comprendidas entre los barrios Villa Marina, Reservas de Santa Rita y Hacienda Santa Rita. Según el expediente, la problemática se remonta a varios años atrás, con reportes reiterados sobre fallas en el sistema de alcantarillado, incluyendo un colector averiado y conexiones incompletas.

De acuerdo con los hechos documentados, el derrame de aguas negras habría generado malos olores, proliferación de plagas, humedad en viviendas, riesgos sanitarios y contaminación directa de la quebrada Doima. Además, se advirtieron posibles riesgos adicionales, como la afectación a infraestructura eléctrica y la disminución en la calidad del servicio de agua potable en la zona.

El fallo reconoce la vulneración de derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la salubridad pública y la prestación eficiente de servicios públicos. En consecuencia, ordena la adopción de medidas para corregir las fallas estructurales en el sistema de alcantarillado, mitigar los impactos ambientales y garantizar condiciones adecuadas para la comunidad.

Este pronunciamiento se convierte en un precedente relevante para la defensa del territorio y el fortalecimiento de los procesos comunitarios orientados a la protección del medio ambiente en la ciudad.