En el barrio Miramar, en la ciudad de Ibagué, varias familias han ocupado ilegalmente un terreno de propiedad privada, argumentando que no cuentan con condiciones dignas de vivienda, empleo ni recursos suficientes para costear un arriendo. Este nuevo episodio de invasiones urbanas se suma a una preocupante tendencia que se expande en la ciudad y el país, donde grupos de personas se apropian de terrenos bajo el pretexto del derecho a una vivienda digna.

Si bien la crisis económica y social es una realidad que afecta a miles de familias colombianas, la apropiación de bienes ajenos no puede ser la solución. Estas invasiones no solo vulneran los derechos de los propietarios legales, sino que también generan un precedente peligroso en materia de ordenamiento territorial y seguridad jurídica. La proliferación de estos asentamientos informales fomenta la anarquía urbana, dificulta la planificación municipal y abre la puerta a redes de tráfico de tierras e incluso a grupos delincuenciales que se aprovechan de la situación.