La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia exigieron la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que este grupo anunciara su intención de someterlos a un supuesto “juicio revolucionario”.

En un comunicado conjunto, ambas entidades reiteraron que Colombia es un Estado Social de Derecho, donde la administración de justicia corresponde exclusivamente a las autoridades legítimas.

Los secuestrados son los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, así como los policías Franky Hoyos Murcia y Yordín Fabián Pérez, quienes permanecen retenidos desde el año pasado en el departamento de Arauca.

“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz”, señalaron las instituciones.

El pronunciamiento también fue respaldado por el procurador general, Gregorio Eljach, quien calificó el secuestro como un delito y un atentado contra la dignidad humana.

A este llamado se sumaron la delegación del Gobierno en los diálogos de paz y la defensora del pueblo, Iris Marín, quien aseguró que la liberación de los funcionarios es una verdadera muestra de voluntad de paz.

Las autoridades insistieron en que este tipo de hechos vulnera los derechos fundamentales y afecta los esfuerzos por avanzar en una salida negociada al conflicto.