El Consejo de Estado le puso freno al Decreto 0639 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, con el que se convocaba a una consulta popular nacional. La alta corte adoptó una medida cautelar urgente que suspende provisionalmente los efectos jurídicos del decreto, al considerar que fue expedido sin cumplir uno de los requisitos esenciales: el concepto previo y favorable del Senado de la República.

Según la decisión, el presidente emitió el decreto a pesar de que el Senado, el pasado 14 de mayo, dio concepto desfavorable a la convocatoria de la consulta. Esta decisión fue comunicada oficialmente al mandatario el 29 de mayo, pero aun así se expidió el acto administrativo, lo que los demandantes calificaron como una clara violación de la Constitución y de las leyes estatutarias sobre participación ciudadana.

“La decisión del Ejecutivo representa un desconocimiento flagrante del principio de separación de poderes y constituye una omisión grave del trámite legal”, señala el auto del alto tribunal, que además advierte que los argumentos presentados por el Gobierno para desestimar la votación del Senado se basan en apreciaciones subjetivas y no en decisiones judiciales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que la situación ameritaba el trámite de urgencia, dado el peligro inminente de poner en marcha una consulta popular sin las garantías constitucionales requeridas. Entre otras razones, el decreto fijaba la fecha del evento para el 7 de agosto de 2025 e instruía a diversas entidades del Estado a iniciar campañas pedagógicas, logísticas y de difusión, comprometiendo recursos públicos y movilización institucional.

“La expedición del decreto, en estas condiciones, representa no solo una infracción legal, sino también una amenaza a la integridad del orden democrático”, indica la decisión firmada por los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Gloria María Gómez Montoya y otros integrantes de la Sala.

Con esta medida, se abre un nuevo capítulo en el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, el proceso judicial continúa su curso, y será el Consejo de Estado quien defina finalmente la legalidad o no del “decretazo”.