La firma encuestadora española GAD3 anunció que dejará de publicar encuestas electorales en Colombia, tras la entrada en vigencia de la Ley 2494 de 2025 y su interpretación por parte de la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de un comunicado, la compañía explicó que la decisión responde a las condiciones establecidas en la normativa, las cuales, según indicó, hacen inviable desarrollar investigaciones sociales con garantías mínimas de rigor metodológico y operatividad.

“La decisión es consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”, señaló la firma, que prefirió suspender su actividad antes que comprometer su reputación y la de sus aliados.

De acuerdo con GAD3, la ley exige demostrar que cada ciudadano tiene una “probabilidad cierta y cuantificable” de ser seleccionado en una encuesta, un criterio que, a su juicio, resulta difícil de cumplir en estudios sociales que dependen de decisiones voluntarias, como la intención de voto.

La empresa advirtió que, bajo esta interpretación, únicamente las encuestas domiciliarias presenciales serían consideradas válidas. Sin embargo, sostuvo que en contextos como el colombiano, factores de seguridad pueden afectar la libertad de respuesta de los ciudadanos, quienes suelen sentirse más cómodos en entrevistas telefónicas.

Asimismo, GAD3 señaló que la aplicación de este criterio dejaría por fuera no solo las encuestas telefónicas, sino también metodologías como paneles en línea, estudios mixtos e incluso investigaciones de referencia internacional. Entre ellas mencionó el Eurobarómetro de la Comisión Europea, el American National Election Studies de Estados Unidos y el European Social Survey.

Finalmente, la firma indicó que incluso operaciones estadísticas oficiales en Colombia, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, tampoco cumplirían con este estándar, lo que abre el debate sobre el impacto de la normativa en la medición de opinión pública en el país.