La tensión política en Colombia sigue en aumento tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió posibles sanciones, destituciones e incluso cárcel para alcaldes y gobernadores que no tomen medidas frente al impuesto predial y los bloqueos en distintas regiones del país.

Frente a este panorama, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó su preocupación y rechazó de manera contundente las afirmaciones del mandatario nacional, calificándolas como una amenaza a la institucionalidad.

A través de su cuenta en la red social X, Matiz señaló que resulta “alarmante y preocupante” que un presidente ordene públicamente acciones que, según ella, no corresponden a sus funciones legales ni constitucionales. “Ordenar en televisión meter a la cárcel a alcaldes y gobernadores elegidos popularmente y vincularlos sin pruebas a bloqueos en las carreteras genera una grave preocupación”, manifestó.

Las declaraciones de la mandataria se dan en medio de la polémica generada por el aumento del impuesto predial, que ha provocado protestas campesinas y bloqueos en varias regiones del país. En ese contexto, el jefe de Estado lanzó fuertes advertencias contra las autoridades locales, asegurando que podrían ser sancionadas si no adoptan medidas para aliviar la carga tributaria.

Matiz también defendió a los manifestantes, afirmando que muchos de ellos son campesinos que temen verse afectados económicamente por el incremento del impuesto. Por ello, insistió en que el Gobierno Nacional debe enfocarse en escuchar y atender sus demandas.

En uno de los apartes más contundentes de su pronunciamiento, la gobernadora comparó la situación con otros países de la región: “Solo en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua se ha visto tal nivel de violación a la democracia y la institucionalidad”, afirmó.

La controversia se produce en medio de un clima de creciente tensión por el paro campesino, originado por el aumento en los avalúos catastrales y el consecuente incremento del predial, que en algunos casos ha generado alzas significativas en el valor a pagar por los propietarios.

Mientras tanto, el debate continúa abierto entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, en un escenario donde se enfrentan posturas sobre competencias, autonomía regional y manejo de la crisis social.