En un debate de control político, el senador Miguel Barreto denunció la inacción institucional, el empobrecimiento de millones de usuarios y el dominio de un mercado que desde hace 35 años olvidó a los ciudadanos.

En un pronunciamiento durante la Comisión Quinta del Senado, el senador Miguel Barreto alzó su voz contra la Superintendencia de Servicios Públicos y empresas como Celsia, señalando que el mercado de energía y gas en Colombia ha sido capturado por un oligopolio que impone tarifas impagables a los ciudadanos, mientras la institucionalidad guarda silencio. “Nos están empobreciendo y nadie responde”, advirtió, exigiendo una intervención urgente y real en defensa de los usuarios.

En municipios del Tolima, el servicio de energía eléctrica prestado por empresas como Celsia se ha convertido en un calvario diario para sus habitantes. Apagones constantes, fluctuaciones de voltaje y cortes que pueden repetirse hasta 12 veces en un solo día son parte de la rutina, afectando la calidad de vida de los ciudadanos, el funcionamiento de los negocios y la estabilidad de los hogares. A pesar de esta realidad, cuando se solicitan informes a la Superintendencia de Servicios Públicos, la respuesta es siempre la misma: "todo está bien". Esta desconexión entre los informes oficiales y la experiencia diaria de los tolimenses evidencia una institucionalidad indiferente, que en lugar de proteger a los usuarios, parece actuar como escudo de grandes empresas que manejan tarifas impagables con pésima calidad de servicio.

Además el Senador enfatizó que, Colombia avanza hacia una transición energética basada en fuentes renovables como la solar y la eólica, pero las grandes promesas del cambio chocan con la realidad de un mercado concentrado. Hoy, importar gas cuesta lo mismo que producirlo localmente, y los proyectos de energías limpias enfrentan trabas impuestas por las pocas empresas que dominan el oligopolio y que, al negar permisos de conexión, frenan el desarrollo energético del país. ¿Cómo hablar de transición si quienes manejan el negocio no permiten avanzar?

La Ley 142 y 143 de servicios públicos establece principios claros de transparencia, responsabilidad y redistribución, pero ¿Dónde quedan estos cuando el usuario sigue siendo el más afectado? La Superintendencia de Servicios Públicos ha sido permisiva frente al abuso de unas pocas empresas que controlan el mercado, mientras miles de colombianos ven deteriorarse su calidad de vida por tarifas impagables y servicios deficientes. Lo fundamental siempre será ser la voz de lo fundamental, y hoy, lo fundamental es actuar del lado de los colombianos y empresarios. Gracias a esta intervención en la Comisión Quinta, citada por el senador Miguel Barreto, se logró concretar una agenda de visita del Superintendente al Tolima para analizar directamente la crítica situación del servicio en el territorio. ¿Será este el inicio de un cambio real o solo otra visita más sin consecuencias?