La designación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sin apartarse de sus funciones al frente de la cartera laboral, desató cuestionamientos por parte de la Federación del Sistema de Seguridad Social (FESSS), organización que agrupa sindicatos de las Cajas de Compensación Familiar.

A través de un comunicado, la federación expresó su rechazo al Decreto 0649 del 26 de junio de 2026, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, al considerar que la decisión desconoce el régimen de incompatibilidades y concentra en un mismo funcionario labores de dirección, inspección, vigilancia y control que, por ley, deben mantenerse separadas.

La FESSS explicó que mientras el Ministerio del Trabajo define políticas y toma decisiones relacionadas con el sistema de subsidio familiar, la Superintendencia tiene la responsabilidad de vigilar y controlar la correcta ejecución de esas mismas actuaciones. Por ello, sostuvo que un mismo funcionario no puede ejercer ambas funciones de manera simultánea sin afectar la independencia institucional.

La organización también advirtió que tanto el cargo de ministro como el de superintendente requieren dedicación exclusiva y responsabilidades de tiempo completo, por lo que considera inviable desempeñarlos al mismo tiempo. Además, recordó que el Consejo de Estado ha señalado que la figura del encargo no puede utilizarse para acumular de forma permanente funciones correspondientes a dos empleos públicos distintos.

En el comunicado, la federación indicó que actualmente existen investigaciones, procesos judiciales y denuncias relacionadas con actuaciones del Ministerio del Trabajo en la designación de representantes de los trabajadores ante los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar. Como respaldo, anexó una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por una funcionaria de carrera de la Superintendencia, en la que se denuncian presuntas irregularidades y posibles faltas disciplinarias y penales.

Ante este panorama, la FESSS solicitó la derogatoria o modificación inmediata del Decreto 0649 de 2026, el nombramiento de un superintendente con autonomía e independencia y la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Administrativo de la Función Pública para revisar la legalidad del acto administrativo.