El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, al considerar que se vencieron los términos legales para mantenerla privada de la libertad sin el inicio del juicio oral dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto entramado de corrupción en la UNGRD.

La decisión se dio tras una solicitud presentada por su defensa, que argumentó que ya habían transcurrido ampliamente los plazos establecidos en la ley. Durante la audiencia, el análisis se concentró en el conteo de términos frente al delito de lavado de activos, para el cual el Código de Procedimiento Penal establece un límite de 240 días desde la acusación sin apertura del juicio.

Aunque la Fiscalía y la representación de víctimas señalaron que varias actuaciones de la defensa correspondían a maniobras dilatorias, el abogado Mauricio Camacho sostuvo que dichas acciones hicieron parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa. Según expuso, han transcurrido más de 400 días desde la acusación y Ortiz ha permanecido más de 500 días detenida.

La Procuraduría respaldó esta postura, señalando que no puede sancionarse a una procesada por utilizar herramientas legales para estructurar su defensa.

Durante su intervención, el juez fue enfático en rechazar que se penalice el uso de derechos procesales: “Es inaudito que el Estado permita solicitar algo y luego sancione a quien lo hace”, afirmó.

Pese a recuperar su libertad, Sandra Ortiz continuará vinculada al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones por uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en la gestión pública nacional.