En una movida que agita el panorama político colombiano, este miércoles 26 de junio de 2025, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CUT) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen) presentaron ante el Consejo de Estado una solicitud para que se le retire la investidura al senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático. La acción legal alega que el congresista, quien además es precandidato presidencial para 2026, habría incurrido en proselitismo político utilizando su cargo, especialmente luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en la vía Bogotá–Villavicencio, donde resultó herido junto a miembros de su equipo.

Los sindicatos afirman que Uribe utilizó el episodio del atentado para posicionarse políticamente, dando entrevistas, mensajes en redes sociales y discursos que, según los demandantes, cruzan los límites entre la actividad institucional y la promoción electoral anticipada. Argumentan que esta exposición mediática representó una “instrumentalización del hecho violento” con fines personales, vulnerando normas sobre el uso de la investidura parlamentaria.

La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar. El partido rechazó de manera tajante la demanda, calificándola como “temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa”, y acusó a los sindicatos de querer revictimizar a Uribe tras el intento de asesinato. Señalaron que la acción judicial tiene un trasfondo político y que buscan desestabilizar al senador justo cuando empieza a consolidarse como una figura fuerte de la oposición.

De prosperar la solicitud ante el Consejo de Estado, Miguel Uribe podría perder su curul en el Senado y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años, lo cual impactaría directamente su carrera presidencial. Este episodio se suma a un clima de creciente tensión entre Gobierno y oposición, y podría marcar un precedente sobre los límites entre la visibilidad pública de un congresista y las reglas de juego electoral en Colombia.