La campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia es la más virulenta de los últimos ocho años no solo por las amenazas a la seguridad de los candidatos sino por el aumento de la violencia en distintas partes del país.

Hace un año, antes del arranque de la campaña, fue asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del partido de derecha Centro Democrático, y en las últimas semanas han denunciado amenazas en su contra los candidatos Paloma Valencia, del mismo partido y Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Además, este mes fueron asesinados a tiros la presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Villada González, del Centro Democrático; el coordinador de la campaña de De la Espriella en Cubarral (Meta), el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, y el exsecretario de Gobierno de ese municipio Fabián Cardona.

Por eso en sus mítines los candidatos cuentan con robustos esquemas de protección e incluso De la Espriella habla protegido por una “pecera” blindada de cristal que le instalan en los escenarios en los que comparece.

El investigador de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) Gerson Arias afirmó que esto sucede porque los grupos armados ilegales, que tenían 15.000 miembros en 2022, cuando ganó las elecciones el hoy presidente Gustavo Petro, actualmente cuentan con más de 25.000.

“Si nos situamos en el 2022 estábamos en una etapa en la que la capacidad armada y coercitiva que tenían los grupos no tenía una dimensión como la de hoy”, dijo Arias a EFE.

Por eso, añadió, se han visto “acciones violentas contra partidos políticos o candidatos que deciden hacer oposición política como en el caso de Miguel Uribe”.

Los numerosos atentados que han cometido grupos armados como las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también han puesto en el centro del debate el deterioro de la seguridad del país, uno de los temas más urgentes con los que deberá lidiar el ganador de las elecciones.

“Lo que estamos viviendo es un aumento en la violencia de tipo político y sobre todo violencia de grupos armados que constriñen y amedrentan a la población civil”, señaló Arias.

Según la FIP, el número de integrantes de los grupos armados de Colombia creció un 15 % entre diciembre de 2024 y julio de 2025, alcanzando un total de 25.278 miembros, entre personas en armas y miembros de redes de apoyo logístico y financiero.

El Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, tiene al menos 8.945 miembros y un aumento del 18 % (unos 794 integrantes) entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Le siguen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hoy alcanza los 6.450 integrantes, y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, con 3.919 miembros.

El ELN declaró un cese el fuego unilateral de tres días con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo, pero Arias señaló que hay 11 zonas de Colombia en disputa, donde los grupos armados no harán ceses al fuego durante las elecciones porque argumentan que deben defenderse de otros actores armados, tanto legales como ilegales, un panorama que define como “crítico”.

Según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), hay 386 municipios del país con alertas de riesgo por factores de violencia en 31 de los 32 departamentos del país, de los cuales 125 están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo.

“Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca presentan el mayor número de municipios en riesgo extremo. Preocupa igualmente la situación de violencia de Huila, Cesar y La Guajira donde más del 70 % de sus municipios están en riesgo por factores de violencia, además de Arauca y Guaviare, que tienen la totalidad de sus municipios en riesgo”, indicó la MOE.